Los lazos oscuros entre Podemos y los regímenes socialistas latinoamericanos

El cardenal Canizares lo había dicho varias veces, la última hace solo seis días: la “nueva visión de la realidad” que soportará el gobierno de los izquierdistas españoles, “es un riesgo para España”. Nada será como antes, habíamos escrito, y las primeras decisiones lo confirman trágicamente, los escándalos no faltan. Debemos recordar dos de las primeras decisiones de los nuevos ministros y del ejecutivo de coalición más izquierdista de la historia española. La primera fue tomada por la esposa del líder de Podemos y actual vicepresidente Iglesias, Irene María Montero, quien es la Ministra de Igualdad y ha designado a Bea y Boti, Beatriz Gimeno y Boti García Rodrigo, los dos líderes más influyentes del movimiento LGBTI español, al frente de dos posiciones institucionales cruciales.

Beatriz Gimeno está ahora al frente del Instituto para las Mujeres, mientras que García Rodrigo es la nueva directora del Ministerio de la nueva área sobre “diversidad sexual y LGBTI”. Ambas son muy conocidas en toda España por considerar la heterosexualidad como “una herramienta política para someter a las mujeres”, a los hombres como “opresores” y más de una vez han deseado que los hombres sean “penetrados por las mujeres” para lograr la igualdad real. No voy más allá, les dejo imaginarse la igualdad de la que podrá ser promotora la nueva ministro y sus colaboradoras. Cierto, cabe destacar que tenemos la enésima confirmación de la igualdad de esta nueva casta de comunistas-populista: primero elige a las esposas de los líderes para puestos de prestigio y luego faculta a aquellos que “se sienten diferentes” por homologar y reprimir los “normales”.

La segunda elección fue hecha por el presidente Sánchez, confirmado por el Consejo de Ministros, con respecto al nombramiento del ex ministro de Justicia, la socialista y delfín del primer ministro Dolores Delgado, para el cargo de fiscal general, es decir a la cabeza de la Fiscalía General del país. El temor después de este nombramiento político, tanto de los partidos políticos como del poder judicial del país, se basa no solo en el riesgo de la “politización” de las acciones judiciales, sino también en las consolidadas sospechas de que con este nombramiento Sánchez e Iglesias quieren extinguir de raíz todas las posibles investigaciones molestas.

La votación del Consejo General del Poder Judicial (órgano constitucional de garantía para la independencia de los jueces en el ejercicio de sus funciones), aunque no es vinculante, decidió no considerar la “idoneidad” de la candidata Delgado, simplemente declarando que los plazos legales habían sido respetados por el gobierno. Sin embargo, en un Consejo dividido en dos (7 en contra / 12 a favor) dio a su favor, no por la idoneidad, sino por el procedimiento que la designó. Antes de entrar en política, Delgado fue una colaboradora muy cercana del famoso juez español Baltazar Garzón, conocido por sus investigaciones sobre los crímenes del “franquismo” contra los Populares españoles... hasta que en 2012 fue expulsado del poder judicial español por algunas irregularidades graves. y prevaricaciones cometidas durante algunas investigaciones. Desde entonces, aquí llegamos al punto, Garzón ha colaborado con las fiscalías de muchos países latinoamericanos y desde algunas semanas es el jefe del equipo de abogados que defiende al expresidente Morales de las muchas acusaciones hechas por el gobierno boliviano.

En los últimos días, luego de la investigación en curso en Bolivia sobre la gestión de Morales, explotó también en España el escándalo del financiamiento enviado por Morales y por el gobierno boliviano a asociaciones vinculadas con Podemos. A medida que continúan las investigaciones, se saben detalles desconcertantes: Morales y el Banco Central de Bolivia pagaron 1.3 millones de dólares por 169 mini videos para las redes sociales (de 30 segundos a un minuto), entre los años 2017 y 2018; proporcionados por Neurona Consulting, una empresa vinculada a Iglesias y Carlos Monedero. El politólogo Monedero es un miembro destacado de Podemos y fue consultor del gobierno de Chávez de 2005 a 2010. En las últimas semanas, como ya mencionamos anteriormente, la Fiscalía General de Bolivia llamó como testigos en las investigaciones contra Morales y sus ministros, a tres exponentes y fundadores de Podemos: Iglesias, actual vicepresidente del gobierno, Monedero y Errejón (ahora jefe de un nuevo partido marxista y populista español). Se sospecha que los vínculos entre el régimen de Morales y Podemos se remontan a 2014, cuando el propio Morales apoyó públicamente el movimiento político de Podemos, defendiéndolo durante una conferencia celebrada en Roma como “la mejor esperanza para los hermanos españoles”. Y no sólo investiga la Fiscalía General de Bolivia, el pasado fin de semana se supo que la Justicia de Brasil y Venezuela también estaría investigando varios eventos relacionados con el financiamiento recibido, directa o indirectamente, de los líderes de Podemos Iglesias y Monedero.

El juramento y el nombramiento de los nuevos ministros del gobierno español no ha aplacado ni los escándalos ni los espíritus de la oposición ibérica que, en los últimos días, ha pedido formalmente y al unísono que se haga claridad total sobre todos los eventos relacionados con la financiación recibida de Podemos de los “regímenes” latinoamericanos. Son múltiples las preocupaciones planteadas por la oposición y que también se están abriendo paso en la opinión pública española, a pesar del silencio de la prensa alineada: ¿qué autonomía tiene Podemos, hacia regímenes como los de Morales y Maduro? ¿Por qué se designó a una valiente colaboradora de Garzón, además de política socialista, para la fiscalía del país? ¿Es posible que el acuerdo Sánchez-Iglesias incluya el fin de cualquier colaboración judicial con los países latinoamericanos que están investigando a los líderes de Podemos? ¿Cuál es la verdadera razón del duro ataque de Iglesias, después del primer Consejo de Ministros del martes pasado, contra el Consejo General de la Magistratura y contra toda la justicia española, sobre los eventos por las sentencias del Corte Suprema contra los secesionistas catalanes?

Y finalmente, un tema que nunca se aclaró realmente, ¿fueron transparentes y declarados los fondos recibidos a lo largo de los años por los países socialistas de Nicaragua, Venezuela, Bolivia y Ecuador (quizás también de Irán)? Ayer surgieron nuevos documentos de las investigaciones en Bolivia y Venezuela, otros 300 mil dólares de Morales y unos 17.000 documentos (aún por analizar) sobre los vínculos entre Chávez y Podemos. El Partido Vox y su líder Abascal, luego de estos nuevos documentos, presentaron una denuncia ante la Anticorrupción española para investigar lo antes posible y, si es necesario, actuar sin demora. En medio de las controversias sobre la revolución antropológica, social y civil que están iniciando el Gobierno y los ministros de Sánchez, el escándalo y las solicitudes de aclaratorias sobre la historia y la actividad de Podemos y sus líderes “revolucionarios”, abre un nuevo frente de choque en la política y en la sociedad española. Sin embargo, es otro túnel oscuro que, tanto la sociedad española como muchos países latinoamericanos (Bolivia en primer lugar), esperan sea iluminado pronto.