La tragedia griega y los rescates rechazados
Masacre de migrantes en el Mediterráneo frente a la costa jónica de Grecia. El barco había zarpado de Tobruk, Libia. La guardia costera griega se había ofrecido a ayudar, pero la embarcación rechazó el auxilio: el traficante quería llegar hasta Italia por miedo a las leyes griegas. Todo se debe al malentendido entre emigrante ilegal y refugiado y al abuso del derecho de acogida.
No cesa la búsqueda de supervivientes del naufragio de una embarcación llena de emigrantes ilegales ocurrido la noche del 13 al 14 de junio frente a la costa sur de Grecia, a unos 80 kilómetros al suroeste de Pylos. Hasta el momento 104 personas han sido rescatadas y trasladadas a Kalamata, donde muchas de ellas, que presentaban síntomas de hipotermia y heridas leves, han sido hospitalizadas. De los rescatados, 43 son egipcios, 47 sirios, 12 paquistaníes y dos palestinos. Por el momento hay 79 muertos confirmados, pero el número de víctimas mortales aumentará con seguridad. No se sabe con certeza cuántas personas iban a bordo, pero se cree que no eran menos de 400 y, según algunos supervivientes, podrían ser incluso entre 500 y 750, casi todos veinteañeros, entre ellos decenas de menores. Sin duda eran muchos más de los que el barco podía transportar, a juzgar por las imágenes tomadas antes del naufragio.
El barco había zarpado de Tobruk (Libia) con destino a la costa italiana. Fue avistado en aguas internacionales por un avión de Frontex, la agencia europea de fronteras y guardacostas. Las autoridades griegas se pusieron en contacto con el barco varias veces vía satélite para ofrecerle ayuda, que fue rechazada. Entonces, unas horas después del último contacto, alguien del barco llamó a los guardacostas griegos y dijo que el motor de la embarcación no funcionaba correctamente. Alarm Phone, la ONG que lleva prestando asistencia a los migrantes ilegales que cruzan el Mediterráneo desde 2014, afirma haber sabido por algunos pasajeros que el capitán había abandonado el barco en una pequeña embarcación. Finalmente, en torno a las dos de la madrugada, la embarcación comenzó a balancearse y luego volcó, hundiéndose en cuestión de minutos.
“Queremos ir a Italia” era la respuesta que dieron a todas las ofertas de ayuda. “Era un pesquero lleno de gente. Rechazaron nuestra ayuda porque querían ir a Italia”, ha declarado a los medios el portavoz de los guardacostas griegos, Nikos Alexiou. “Estuvimos a su lado para ayudarles si lo necesitaban, pero siempre se negaron”, añadió. Alarm Phone, que acusa a los guardacostas de negligencia, cree que los migrantes tenían miedo de tratar con las autoridades griegas, que conocían las “horribles y sistemáticas prácticas de devolución del país”.
Las “horribles” prácticas a las que se refiere Alarm Phone son las adoptadas por el gobierno griego después de 2019: controles más estrictos en el mar, castigos más duros para los traficantes, plazos mucho más cortos que en el pasado para examinar las solicitudes de asilo, más cuidado y rigor a la hora de rechazar las infundadas, que en Grecia, como en Italia, son la mayoría. Conscientes de que no pueden quedarse en Grecia, salvo, claro está, el pequeño porcentaje de solicitantes de asilo con motivos justificados, un número creciente de inmigrantes irregulares, y los traficantes de personas con ellos, han acudido en masa a las rutas más seguras que conducen a Italia, aun a costa de prolongar el viaje y aumentar los riesgos. De casi 60.000 en 2019, las llegadas por mar a Grecia se han reducido a unos pocos miles: 6.498 desde principios de este año, mientras que 55.560 personas han desembarcado en Italia.
Yiorgos Michelidis, funcionario del Ministerio de Migración griego, entrevistado por la BBC pocas horas después del naufragio, ha recordado que Grecia ha dicho en repetidas ocasiones que la UE tiene que desarrollar “una política migratoria concreta”, que “solo acepte a los que realmente lo necesitan y no a cualquiera que tenga suficiente dinero para pagar a los traficantes de personas. Ahora mismo son ellos, los traficantes de personas, quienes deciden quién viene a Europa. Corresponde a la UE dar asilo, ayuda y seguridad, pero a quienes realmente lo necesitan. No es sólo un problema de Grecia, Italia, Chipre...”.
El Gobierno griego tiene razón. Un solo Estado no puede acabar con la emigración irregular y, de hecho, tampoco puede hacerlo la propia Unión Europea. Es un fenómeno que requiere intervenciones y políticas globales que implican, entre otros, al Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, a la Organización Internacional para las Migraciones, a la Unión Africana, dado que los emigrantes de ese continente representan casi el 70% del total. Los acuerdos con los distintos Estados de origen y tránsito, atravesados por las rutas terrestres que conducen al Mediterráneo, también tienen más probabilidades de éxito si se gestionan de forma global.
Sin embargo, ningún plan de contención puede tener éxito si antes no volvemos a distinguir, en principio y en sustancia, entre refugiados e inmigrantes ilegales, si no dejamos de afirmar que la entrada ilegal en Europa es siempre un derecho y siempre un deber aceptarlos. Nadie que se aproveche del derecho internacional y de la Convención de Ginebra para los Refugiados para entrar en un país sin documentos y solicitar asilo como artimaña para evitar el rechazo debería ser recompensado con el estatuto de refugiado, la protección subsidiaria, un permiso de residencia o, al menos, con una acogida de años a la espera de una sentencia definitiva sobre la demanda presentada. Al mismo tiempo, ningún refugiado que tenga que huir para proteger su vida y su libertad, debería verse obligado a recorrer miles de kilómetros, a pagar miles de dólares a las organizaciones criminales que gestionan los viajes clandestinos y a afrontar riesgos, penurias y la incertidumbre de llegar a su destino. Debe, como es su derecho, obtener asilo en el primer país extranjero que pise, encontrar allí ayuda de las autoridades locales y del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, y luego, si lo desea y si es factible, recibir ayuda para reubicarse en un tercer país, por ejemplo, uno europeo.
El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, Filippo Grandi, ha dicho en repetidas ocasiones que los gobiernos deben colaborar para crear rutas seguras para quienes huyen de la pobreza y la guerra. Es imposible que no sepa que para los refugiados esas rutas ya existen y que el primero que tiene que trabajar para que funcionen bien, para todos, es precisamente la agencia de la ONU que dirige.
Las muertes de este último naufragio se suman a las más de mil ya registradas en el Mediterráneo desde principios de 2023, sin contar las víctimas en las rutas terrestres, especialmente las africanas. Naciones Unidas ha calculado que más de 20 mil personas han muerto en el Mediterráneo central desde 2014. El naufragio más grave hasta ahora fue el de 2015, en el que murieron entre 700 y 900 migrantes, casi todos africanos.
