“Justicia climática”, nuevas imposiciones

El gobierno francés fue condenado por un tribunal administrativo de París por no cumplir sus promesas de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin duda, esta es una sentencia histórica, a pesar de que en Holanda, ya en 2019, la Corte Suprema ordenó al gobierno que para el 2020 redujera las emisiones de gases de efecto invernadero en un 25% en comparación con los niveles de 1990.

En Francia, todo comenzó con una petición en línea firmada en 2018 por 2,3 millones de personas, que luego se tradujo en una denuncia presentada en marzo de 2019 por cuatro organizaciones no gubernamentales (Oxfam, Greenpeace, Notre Affaire à Tous y la Fundación Nicolas Hulot), que acusaron al gobierno francés de no respetar los compromisos asumidos en el Acuerdo de París.

Como se recordará los Acuerdos de París, firmados en 2015 con el objetivo de mantener el aumento de la temperatura terrestre por debajo de los 2 °C hasta el 2.100, comprometen a los Estados a presentar un plan voluntario para reducir las emisiones de dióxido de carbono, que se actualizaría cada cinco años. Francia se ha comprometido a reducir sus emisiones en un 40% para 2030 y lograr la neutralidad de carbono para el 2050. Para lograr este objetivo, debería reducir las emisiones en un 1,5% para 2025 y, posteriormente, en un 3,2%; pero en el bienio 2018/2019, las emisiones cayeron un 0,9%. Por eso la protesta de las ONG, que acusan al gobierno de descuidar la lucha contra el cambio climático, así como de avanzar con demasiada lentitud en la renovación de las viviendas desde el punto de vista de la eficiencia energética y en la transición a las energías renovables.

La sentencia del 3 de febrero del Tribunal Administrativo de París da la razón a las ONG y condena al Estado francés por daño moral y ecológico. Por el daño ecológico, la Corte rechazó la solicitud de compensación económica a favor de las cuatro ONG como representantes de la colectividad; en cambio pidió al Estado francés, que tiene dos meses para responder, pagos “en especie” implementando acciones inmediatas para lograr los objetivos fijados. Por el daño moral, sin embargo, el Tribunal reconoció el pago simbólico de 1 euro a las cuatro ONG porque el fracaso del Estado en la lucha contra el cambio climático “fue en detrimento del interés colectivo”.

Las asociaciones medioambientales ciertamente tienen razón al cantar la victoria por una sentencia que va en la perspectiva de la llamada “justicia climática” y promete hacer escuela en todo Occidente. Este es un paso importante hacia la afirmación de la dictadura ecológica, que pretende imponer objetivos y comportamientos sobre la base de afirmaciones pseudocientíficas, doblando el Estado de derecho a exigencias ideológicas.

Los Acuerdos de París no son un tratado y, por tanto, el vínculo legal se limita a la necesidad de contraer compromisos, cuyo contenido es, sin embargo, libre. Además, incluso en el caso de los tratados, son sobre todo los órganos supranacionales los que verifican o no lo firmado e imponen las eventuales sanciones. Aquí, en cambio, vemos un tribunal nacional en funcionamiento que interviene invocando un asunto sobre cuya jurisdicción hay mucho que discutir. Es un poco como si una asociación de consumidores de un país europeo demandara a su propio Estado por no respetar los parámetros del Pacto de Estabilidad.

Pero la “justicia climática” tiene prisa, hay una emergencia que afrontar (¿les recuerda algo?) y no se puede ser demasiado sutil. Los nuevos Tribunales Populares, en forma de ONG ambientales, se encargan de identificar y castigar a los responsables. Estamos ante una deriva peligrosa que se une a aquella de la imposición de la ideología LGBT, de la dictadura sanitaria recién adquirida y, en general, de lo políticamente correcto.

Y lo más dramático es que estamos seguros de que tarde o temprano alguien se levantará para decir que esta “justicia climática” es también la Doctrina social de la Iglesia.