Sábado Santo por Ermes Dovico
REALIDAD VS. IDEOLOGÍA

Hungría defiende la verdad sobre los dos sexos y todos la atacan

Se ha aprobado una enmienda a la Constitución húngara en la que se reitera, entre otras medidas de sentido común, que solo hay dos sexos y se protege a los niños de la propaganda LGTB. La prensa grita contra el escándalo, mientras que los mismos medios y la UE guardan silencio sobre el giro autoritario de Polonia de Tusk.

Vida y bioética 16_04_2025 Italiano English

Hungría, con Viktor Orbán al mando, vuelve a ser el chivo expiatorio de los males de Europa, mientras Bruselas le sigue el juego a los grupos de presión LGTB y además cierra los ojos ante el régimen autoritario de Donald Tusk en Polonia. Según la narrativa común, en Hungría se violan los derechos humanos. Y esto solo por haber definido en la Constitución la verdad sobre el sexo biológico, la protección de los niños y haber prohibido manifestaciones blasfemas y pornográficas como son los desfiles del orgullo gay.

La enmienda constitucional en cuestión fue aprobada el lunes 14 de abril por la gran mayoría del Parlamento húngaro (141 votos a favor y 21 en contra de los 199 con derecho a voto). A los votos de los parlamentarios de Fidesz y de los demócratas cristianos de KDNP (135 escaños en total) se han sumado los de la derecha.

La decimoquinta enmienda a la Constitución aprobada el lunes prevé varias modificaciones e integraciones a la ley fundamental de la República de Hungría. Por lo que respecta al tema del sexo biológico y los hijos, la enmienda promovida por los parlamentarios del gobierno confirma que “el sexo de una persona es una característica biológica, que puede ser masculina o femenina”. Es “responsabilidad del Estado garantizar la protección jurídica de este orden natural e impedir los intentos de insinuar la posibilidad de cambiar el sexo al nacer”. Todo ello para garantizar el desarrollo saludable de la sociedad y la salvaguardia de las normas comunitarias fundamentales, además de preservar la estabilidad de la institución familiar y la seguridad del orden social. Además, según la Ley Fundamental, “todo niño tiene derecho a la protección y los cuidados necesarios para su correcto desarrollo físico, mental y moral”, y la enmienda aprobada establece que este derecho prevalece sobre todos los demás derechos fundamentales, con la excepción del derecho a la vida.

Sobre la doble nacionalidad, se introduce la “posibilidad de que a los ciudadanos húngaros que también sean ciudadanos de otro Estado, excluidos los ciudadanos de Estados con derecho de libre circulación y residencia, se les suspenda la ciudadanía húngara”. El interesado perderá la ciudadanía húngara mientras dure la suspensión.

Sobre el derecho a utilizar el dinero en efectivo, se reitera que todos tienen “derecho a pagar en efectivo” porque solo el mantenimiento de la circulación de dinero en efectivo puede garantizar que el funcionamiento de la economía no se vuelva completamente vulnerable a los sistemas financieros electrónicos. Además, de esta manera se garantiza que los pagos en efectivo sigan siendo accesibles para todos, evitando así el riesgo de exclusión financiera, como se lee en la explicación del texto.

La enmienda 15 también prohíbe la “producción, el uso, la distribución y la promoción de drogas” lo que confirma el compromiso del Estado húngaro con la seguridad pública, los estilos de vida saludables y la protección del orden social. El texto aprobado garantiza que, con la excepción del fiscal general supremo, el servicio de la fiscalía se mantendrá hasta los 70 años. Se prevé que el Gobierno solo pueda suspender la aplicación de determinadas leyes o derogar determinadas disposiciones legales en caso de guerra o emergencia sin la autorización específica del Parlamento, y en caso del estado de emergencia se requiere el apoyo temporal de dos tercios del Parlamento.

También se ha añadido una cláusula a la Constitución que establece que el ejercicio del derecho a elegir el lugar de residencia no debe violar el derecho fundamental de las comunidades locales de Hungría que desean preservar el estilo de vida, las tradiciones, las costumbres y la composición de su sociedad local y determinar el número de habitantes que desean tener.

Y bien, ¿cuáles de las integraciones y modificaciones descritas —desde el reconocimiento del sexo masculino y femenino hasta la protección de los niños, desde la prohibición de promover las drogas hasta el derecho al uso de dinero en efectivo— podrían violar los derechos humanos y representarían una amenaza para los valores europeos? Aún así, en Bruselas no se descarta intervenir.

Es difícil esperar que diarios como La Repubblica, The Guardian, El País o La Stampa se dignen a explicar las razones de sus argumentos al estilo woke, contra la realidad, contra la biología y contra el bien, en primer lugar, de los menores, además de explicar ciertas narrativas extravagantes.

Ciertamente, la gran campaña contra la Hungría de Orban está jugando, se quiera o no, a favor de los poderosos grupos de presión LGTB, bien financiados por Bruselas y que, tras los últimos escándalos, temen tener que responder a criterios de transparencia. Al mismo tiempo, la serie de insultos y protestas europeas hacia Hungría sirve para ocultar a la opinión pública el indecente cambio del régimen polaco de Donald Tusk.

La ayuda y la complicidad de las que Tusk goza en Bruselas —desde la Comisión hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (que el pasado 6 de abril ordenó al gobierno que favoreciera el reconocimiento de los “matrimonios” LGTB celebrados en el extranjero)— son de sobra conocidas. Y Tusk, actual presidente de turno del Consejo de la UE, continúa con sus flagrantes violaciones del Estado de derecho, más aún ahora que Polonia se acerca a las elecciones presidenciales. El 9 de abril, como ya se informó en la Brújula Cotidiana, el Tribunal Administrativo Provincial de Varsovia anuló la concesión de la licencia de transmisión a dos emisoras de televisión nacionales conservadoras. Además, el 11 de abril, el Ministerio de Justicia polaco anunció medidas que penalizarán a unos 2500 jueces que actualmente ocupan diversos cargos en los tribunales del país y cuya culpa es haber sido nombrados gracias a las reformas judiciales de la anterior gobierno conservador y cristiano del PiS.

Sobre todo lo que ocurre en la Polonia de Tusk, la UE y los medios de comunicación guardan silencio, mientras que se ataca a Hungría, que defiende la verdad de los dos sexos y protege a los menores de la propaganda LGTB.