El Papa declara la guerra a Trump con una carta dirigida a los obispos estadounidenses

Era ya muy evidente que el Papa Francisco no simpatiza en absoluto con el presidente estadounidense Donald Trump. Tanto es así que incluso el reciente nombramiento del cardenal Robert W. McElroy como nuevo arzobispo de Washington se interpretó en su momento como una ofensa al nuevo presidente. Pero un ataque tan directo como la carta a los obispos estadounidenses sobre la inmigración fechada el 10 de febrero y difundida ayer, es algo absolutamente inaudito. Y también desconcertante, al igual que su “actuación” en el Festival de San Remo, acompañado por el canto de “Imagine”.

El objetivo explícito de la carta es “la puesta en marcha de un programa de deportaciones masivas” que “se está llevando a cabo en Estados Unidos”, hacia el cual el Papa manifiesta “abierto desacuerdo”. El Pontífice invita a los obispos y a todos los católicos estadounidenses a hacer lo mismo, incluso viviendo en “solidaridad y hermandad”, quizá sin saber que la Iglesia estadounidense lo lleva haciendo desde hace décadas con su promoción de obras de ayuda a los inmigrantes casi totalmente financiadas por el gobierno estadounidense.

Francisco hace un llamamiento no solo al respeto de la “infinita dignidad de todos”, sino también al principio según el cual la expulsión de inmigrantes ilegales solo es lícita en caso de que hayan cometido “delitos violentos o graves durante su estancia en el país o antes de llegar a él”. Este último principio es cuanto menos discutible, ya que la entrada ilegal, como cualquier infracción de la ley, exige una sanción y una reparación. Y también resulta absurdo que quien adopte esta posición sea el soberano del Estado del Vaticano, que precisamente el pasado mes de diciembre ha aprobado nuevas normas que endurecen las penas de prisión y las multas para quienes entren ilegalmente en su territorio. En resumen, todos son buenos acogiendo a los inmigrantes en fronteras ajenas.

Decíamos al principio que la carta es desconcertante. En primer lugar, porque demuestra un escaso conocimiento de lo que ocurre en Estados Unidos. Es cierto que la inmigración ilegal ha sido uno de los temas más candentes de la campaña electoral y Trump, tal y como suele hacer, ha utilizado un tono exagerado. Incluso durante las primeras semanas en la Casa Blanca ha hecho espectáculos cuestionables sobre la inmigración, como la ostentación de vídeos que muestran a decenas de inmigrantes ilegales esposados durante la operación de repatriación o el transporte a Guantánamo. Y también ha habido controversia con los obispos católicos estadounidenses.

Pero muchas de las declaraciones rimbombantes y amenazas tienen como objetivo obligar a los países de origen y tránsito a vigilar sus fronteras. Un método criticable, sin duda, pero nos mantenemos siempre en el campo de las opciones políticas ante un problema objetivo al que todas las administraciones han tenido que hacer frente.

Tanto es así, que Trump está haciendo exactamente lo que las administraciones Biden y Obama hicieron antes que él. Sorprenderá saber que el récord de expulsiones y repatriaciones es de la presidencia de Biden: 4,44 millones de personas repatriadas solo en los dos primeros años de presidencia, más que toda la anterior administración Trump, que había alcanzado los 3,13 millones, una cifra incluso inferior a los 3,16 millones de repatriaciones realizadas durante la presidencia de Barack Obama. Pero también en lo que respecta únicamente a las repatriaciones forzosas, Biden superó la primera legislatura de Trump, y el año fiscal 2024 alcanzó el récord de repatriaciones forzosas con 271.000 inmigrantes ilegales expulsados del país, frente a los 267.000 registrados en 2019, que fue el pico de la era Trump I. Y el año récord fue 2014, con 316.000 repatriaciones forzosas bajo la presidencia de Obama.

También es posible que Trump II consiga nuevos récords, pero por ahora estos son los datos comprobados. Sin embargo, desde Santa Marta nunca se ha pronunciado ni una sola palabra crítica cuando los que “deportaban” eran los amigos demócratas.

Del mismo modo, nunca ha habido una carta del papa Francisco a los obispos estadounidenses que condenara la difusión universal del aborto libre por parte de la administración Biden, que incluso lo había convertido en una bandera. Todo lo contrario, el papa Francisco ha puesto en apuros a los pocos obispos estadounidenses que, de acuerdo con el derecho canónico, han tenido el valor de negar la comunión a los políticos que apoyan el aborto. Como fue el caso del arzobispo de San Francisco, Salvatore Cordileone, que negó la comunión a la entonces presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.

Es cierto que el Papa ha utilizado a menudo palabras de fuego sobre el aborto -que por cierto no se habrían perdonado a sus predecesores-, pero los hechos hablan por sí solos. Biden y Pelosi, abortistas fanáticos, han sido siempre bienvenidos en el Vaticano, tratados como buenos católicos, y ay de aquellos que se atrevan a negarles la comunión. Por no hablar de la ideología de género y de la promoción de la agenda LGBT, que para Biden fue incluso una prioridad de política exterior.

Las contradicciones son demasiado evidentes, pero el verdadero problema de fondo es que cada vez que interviene en temas sociales y políticos, el Papa siempre da la impresión de estar tomando partido por alguien. No apela a criterios y valores últimos a los que todos deben atenerse, sino que entra en la arena de los conflictos apoyando a unos contra otros y viceversa; siempre permaneciendo en el plano horizontal y forzando las citas bíblicas y la Doctrina Social de la Iglesia para que se ajusten sus convicciones.

Y así es como el papado está perdiendo credibilidad dentro y fuera de la Iglesia.