El fracaso de siempre en la Cop29: se habla del clima, pero el dinero manda
Trescientos mil millones de dólares anuales de aquí a 2035 de los países industrializados a los países en desarrollo. Éste es el único acuerdo que ha salido de la conferencia sobre el clima, impugnado por los países más pobres. La emergencia climática es un pretexto para la especulación financiera.
La transición energética por etapas forzadas es un fracaso, y además no hay dinero. Ésta es la triste realidad que explica el enésimo fracaso de la Conferencia anual de las Partes (COP, es decir, los países que han ratificado la Convención Marco sobre el Cambio Climático), que este año ha terminado su 29ª edición en Bakú (Azerbaiyán) dos días más tarde de lo previsto, precisamente por la dificultad de encontrar algún acuerdo. Al final se ha llegado a un acuerdo sobre la cantidad que debe transferirse de los países desarrollados a los países en desarrollo: 300.000 millones de dólares anuales de aquí a 2035, es decir, tres veces más de lo acordado con anterioridad.
Pero es un acuerdo para guardar las apariencias y salvar la cara, no la sustancia. En primer lugar, porque todavía hay que encontrar los 300.000 millones de dólares: los países desarrollados serán los promotores de esta búsqueda de fondos “procedentes de una amplia variedad de fuentes, públicas y privadas, bilaterales y multilaterales, incluidas las fuentes alternativas”. Pero, además, la cifra está muy por debajo de lo que los países más pobres consideraban justo y pedían: en vísperas de la Cop29 se hablaba de cifras que oscilaban entre un billón y varios billones anuales; y tras semanas de duras negociaciones, el grupo G77+China (que incluye a la mayoría de los países de América Latina, África y Asia) había llegado a señalar 500.000 millones de dólares como la línea infranqueable por debajo de la cual no era posible caer.
Al final, sin embargo, han tenido que conformarse con un acuerdo de 300.000 millones de dólares, que ha sido duramente cuestionado por la Alianza de los Pequeños Estados Insulares (AOSIS en sus siglas inglesas) y por los Países Menos Adelantados (LDC), cuyas delegaciones incluso llegaron a abandonar la sala de negociaciones en un momento dado. Por su parte, el representante de India ha criticado duramente la cifra “terriblemente baja”, que hace imposible “la acción climática necesaria para la supervivencia de nuestro país”.
Precisamente esta última postura da una idea del cortocircuito que se ha creado en el mundo al asumir que las emisiones de CO2 son el criterio fundamental a tener en cuenta incluso para las relaciones financieras. En las negociaciones, de hecho, una de las peticiones de los países desarrollados era incluir a los países que forman parte del grupo ampliado de los BRICS entre los sujetos que deben alimentar el fondo de “compensación” a favor de los países pobres; China, India, Brasil y los demás se consideran en cambio como países en desarrollo, perjudicados, y por tanto receptores de los fondos. El hecho es que China es el país que más CO2 emite, cerca del 31% del total; y justo después de Estados Unidos (13,5%) está India (7,3%) en tercer lugar. Y la India es el que precisamente está registrando un aumento más rápido de las emisiones: duplicadas en los últimos 15 años, promete -de la mano del desarrollo y la necesidad de energía- multiplicarlas aún más en los próximos años; basta recordar que la principal fuente de electricidad de la India es el carbón (70% del mix eléctrico), con una capacidad de producción que se ha cuadruplicado en los últimos cinco años, y que prevé duplicar aún más de aquí a 2032.
En otras palabras, la situación que se ha creado es tan paradójica que la Unión Europea y Estados Unidos deberían financiar también a países como China e India, que por sí solos representan casi el 40% de las emisiones mundiales y que para su desarrollo hacen un uso masivo de fuentes de energía que se han convertido en tabú para nosotros. Y justo cuando los estrictos objetivos “verdes” abrazados por la Unión Europea -y sólo por ella, conviene recordar- están poniendo en crisis tanto a la industria como a la agricultura. El caso de la crisis de la industria automovilística está ahí para demostrarlo. La Unión Europea que, además, corre el riesgo de quedarse sola ya que con la presidencia de Trump, Estados Unidos ya ha anunciado que se retira de los Acuerdos de París (2015) de los que este plan financiero también es hijo.
Cada vez es más evidente que todo el negocio de la política climática se está reduciendo a una mega-transacción financiera: transferencia y especulación. Sobre la base de la supuesta existencia de una emergencia climática de la que serían responsables los países ricos en detrimento de los pobres, se están poniendo en marcha planes y políticas de compensación que contemplan la transferencia de enormes sumas de dinero de los países industrializados a los países en desarrollo, tal y como prevé el acuerdo de Bakú. Por otra parte, se está extendiendo a escala mundial, bajo los auspicios de la ONU, el mercado del carbono, que ya funciona en la Unión Europea (previsto en los acuerdos de París, en la Cop29 se ha llegado a un acuerdo sobre las normas de este mercado financiero).
Se trata de una construcción artificial que se basa en tesis científicas aún por demostrar -la del cambio climático provocado por las actividades humanas que debe tener necesariamente resultados catastróficos- y en opciones políticas fuertemente influenciadas por la ideología del tercermundismo: los pobres son pobres por culpa de los ricos que los explotan. No sólo la base de esta construcción es falsa, sino que su resultado, lejos de favorecer el desarrollo de los países pobres, será destruir la economía de los países desarrollados.
Las catástrofes no serán causadas por el clima, sino por la política climática.