China, cada vez más cerrada: Nueva ofensiva contra los religiosos extranjeros

China se está convirtiendo en un país cada vez más cerrado al mundo exterior, especialmente en lo que respecta a las denominaciones religiosas. Desde la expulsión de los misioneros en el primer año del régimen comunista, por voluntad de Mao, la vida de los religiosos extranjeros nunca ha sido fácil. Tras un período de tímidas aperturas iniciales en los últimos decenios, las autoridades del Partido Comunista han empezado a considerar a los misioneros y grupos religiosos con contactos en el extranjero como “espías” e “infiltrados”, que deben ser expulsados y tratados como delincuentes. El proyecto de la nueva ley que regula “las actividades religiosas extranjeras en la República Popular China” constituye una nueva medida represiva.

Aunque no es el texto definitivo, el proyecto de la nueva ley permite comprender al menos qué futuro le espera a los cristianos, incluidos los católicos. Mediante cuarenta artículos la ley regula todos y cada uno de los aspectos de la presencia de religiosos extranjeros en China y establece procedimientos muy complicados para el acceso. Se dan directrices detalladas sobre las reuniones, los lugares, sus características, el contenido de las reuniones, los intercambios entre extranjeros y chinos, el material religioso y la cantidad que se puede importar. Los que no respeten estas reglas pueden ser castigados según las normas de seguridad pública y anti-espionaje, con penas muy severas.

En primer lugar, los extranjeros deben “obedecer las leyes, reglamentos y normas chinas; respetar el principio de independencia religiosa y la autonomía de organización de China; aceptar la administración legal del gobierno chino; no utilizar la religión para perjudicar los intereses nacionales de China, el interés público de la sociedad o los intereses y derechos legítimos de los ciudadanos, y no ser contrarios al orden público y las costumbres chinas” (la cursiva es nuestra). Fíjese en los términos “independencia” y “autonomía”, típicos de la política de China en materia de religiones. Si se interpreta estrictamente, la “independencia” también implica la negación del Papa y la “autonomía” se refiere a la de la Iglesia universal. De esta manera, los únicos católicos a los que se reconoce son los que pertenecen a la Asociación Patriótica, controlada por el Partido Comunista.

Para separar aún más a los religiosos extranjeros de la población china, el proyecto de ley establece que sus actividades religiosas deben contar únicamente con extranjeros entre sus miembros, aunque a veces puedan utilizar “templos o iglesias” locales de forma temporal. En los edificios (los “lugares temporales”) que albergan a grupos religiosos extranjeros, “no deben aparecer símbolos religiosos en el exterior”. Además, también se prohíbe a los extranjeros establecer grupos, actividades y escuelas religiosas, hacer “proselitismo” entre los ciudadanos chinos, reclutar seguidores o aceptar donaciones de ciudadanos chinos. Por este motivo no se pueden introducir en el país más de diez ejemplares de un libro, panfleto o audio-vídeo.

Los “intercambios religiosos y culturales” son posibles invitando a los extranjeros a conferencias, cursos o sermones. Pero las normas que rigen estas actividades públicas son tan estrictas que, en la práctica, sólo se le permitiría hablar en público a un apologeta del régimen comunista chino. Los religiosos extranjeros, de hecho, deben demostrar a las autoridades que obedecen todas las normas, los principios de independencia y autonomía, no pueden hablar o actuar “en contra de los intereses de China”, no deben mostrar de ninguna manera “actitudes antagónicas con China”.

Para entrar en el país, las normas son complejas y se requiere un período mínimo de veinte días para obtener las autorizaciones necesarias, con una gran producción de documentos y una serie de controles en los que lo que cuenta es el arbitrio de las autoridades chinas. Será definitivamente ilegal tener relaciones con cristianos no oficiales y será cada vez más difícil tener relaciones con los reconocidos legalmente.

La tendencia al cierre se había manifestado también en los dos últimos años, tras la promulgación de la nueva Ley de Asuntos Religiosos en 2018, promulgada justo en la víspera de los acuerdos secretos entre China y el Vaticano. También basándose en esa ley, las autoridades han llevado a cabo una persecución asidua contra las “infiltraciones” religiosas. Las víctimas de estas purgas fueron principalmente denominaciones protestantes con sólidos lazos en Corea del Sur y los Estados Unidos. La campaña de represión, en 2019, dio lugar al cierre de lugares de culto, la confiscación de material religioso de las confesiones perseguidas y la expulsión de los misioneros extranjeros, que ya no pueden regresar a China. Ya en 2018, los misioneros protestantes, especialmente los de Corea del Sur, fueron expulsados del país.

En la propaganda del Partido Comunista, el catolicismo y el protestantismo son considerados instrumentos utilizados por los imperialistas para invadir China. En las purgas antirreligiosas de Jiangxi, el verano pasado, los lugares de culto católicos y protestantes se vieron afectados: las iglesias cerraron y se convirtieron en centros sociales públicos, las imágenes religiosas fueron retiradas no sólo de los lugares de culto, sino también en los hogares de los fieles, siempre bajo el pretexto de que eran manifestaciones de la religiosidad “importada”. “Durante estas visitas, los funcionarios del pueblo y del condado nos dijeron que no se nos permite creer en el Dios de los extranjeros y que en China todas las actividades religiosas relacionadas con los Estados Unidos están prohibidas”, dijo un cristiano después de una redada en Shangrao, Jiangxi.

Por lo tanto, es una tendencia que continúa: una escalada gradual de la persecución que es poco probable que se ralentice o cese, incluso después de la renovación de los acuerdos entre China y el Vaticano...