Avanzan políticas abortistas, la jerarquía católica calla

El 14 de junio del año pasado presentamos el informe “Primo via libera all'aborto, con l'imposizione del FMI”, comentando los resultados de la votación llevada a cabo en la Cámara de Diputados nacional, sobre la legalización del aborto en Argentina, en la cual había triunfado por un margen de 4 votos la postura favorable a su aprobación.

Había sido el mismo presidente Mauricio Macri quien avaló oficialmente la discusión parlamentaria a partir de marzo del 2018, por presión del Banco Mundial y del FMI, dos importantes instituciones financieras de tendencia pro-aborto (sobre todo la primera de ellas), dejando la redacción y presentación del proyecto abortista en manos de una llamada “Campaña por el aborto legal, seguro y gratuito”, impulsada por algunas “ONGs” nativas con históricos vínculos financieros e ideológicos con la International Planned Parenthood Federation (IPPF), la Fundación Ford, fundaciones “privadas” internacionales fuertemente subvencionadas por gobiernos del mundo desarrollado (Gran Bretaña, Alemania, Australia, Austria, Holanda, República Popular de China, etc.).

Primera muestra clara y evidente de la postración colonial de la Argentina: el presidente avaló la discusión sobre la pena de muerte para los niños por nacer, pero el contenido y la redacción del proyecto lo presentó una red abortista internacional, fuertemente subsidiada por el poder financiero internacional y por gobiernos de países desarrollados.

Pero el 8/9 de agosto el proyecto de legalización del aborto fue rechazado en el Senado nacional, por una fuerte diferencia de votos, lo cual no impidió que a posteriori el gobierno argentino pretendiera instaurar de facto la legalización, por un lado desde las ONGs “argentinas”, vasallas de instituciones y organismos extranjeros, y por otro lado desde el mismo gobierno encabezado por el presidente Macri, a través de la actuación del entonces Ministerio de Salud de la Nación (reducida actualmente a Secretaría), administrado por el dr. Adolfo Rubinstein (miembro del clan argentino de la Open Society Foundations, de George Soros) y promoviendo la difusión masiva de la droga abortiva Misoprostol, y por el Ministerio de Educación de la Nación, administrado por el señor Enrique Finocchiaro, oficializando tanto la implementación de la eufemísticamente denominada “Educación Sexual Integral” como la adopción de la “Ideología de Género” como doctrina fundamental de la educación pública y privada.

En este contexto, a partir de marzo del año 2018 la Fundación Más Vida, asentada en la provincia patagónica de Río Negro, de orientación evangélica, con el acompañamiento de una red de iglesias nucleadas en la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA) y otras organizaciones provida, comenzó a trabajar en un proyecto de Acompañamiento a la Mujer Vulnerable, para atender los casos de embarazos inesperados, como alternativa y respuesta a la iniciativa gubernamental de promover el uso del fármaco Misoprostol como abortivo, sin un marco legal que respalde este uso, pero sustentado en un préstamo de 200 millones de dólares otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo el 11 de octubre del 2018 al gobierno argentino para financiar un “Programa de Apoyo a Políticas de Igualdad de Género”, programa que entre otras cosas incluye políticas para que las mujeres puedan “gozar plenamente de sus derechos reproductivos”, es decir, puedan acceder a un aborto seguro y gratuito, dado que uno de los objetivos del Programa es “despenalizar la interrupción del embarazo para garantizar que las niñas tengan acceso a abortos seguros y servicios posteriores”.

A fines de diciembre del año pasado la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF), dependiente del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación, acordó y firmó un convenio con la Fundación Vida en Familia, para la creación de un servicio telefónico 0800 orientado a la asistencia de la mujer con embarazo inesperado, convenio que fue presentado oficialmente el pasado 6 de marzo en la Cámara de Diputados de la Nación como Red Nacional de Acompañamiento a la Mujer Vulnerable. El mencionado servicio telefónico iba a comenzar a funcionar desde el 1° de abril, con el objetivo de impulsar en acciones prácticas para la defensa de la madre gestante y del niño por nacer, bajo el lema “Educación sexual para prevenir, contención para no abortar y adopción para vivir”.

Pero cuatro días después, el titular de la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia, el licenciado Gabriel Enrique Castelli, exigió a la titular de la Fundación firmante del convenio que rubricara una ADDENDA incorporada unilateralmente al convenio por la Secretaría para promover el aborto desde esa misma línea telefónica, definido eufemísticamente como interrupción legal del embarazo, formulación inventada que no tiene ningún respaldo jurídico, sino una mera existencia fáctica.

Ese mismo día, el 10 de marzo, la Secretaría dio por finalizado el convenio, porque la representante de la Fundación Más Vida no firmó inmediatamente la ADDENDA impuesta unilateralmente.  

No existe ninguna ley en Argentina que obligue a una persona o a una institución a promover el aborto, sin embargo la Secretaría mencionada quiso imponer a la Fundación Más Vida la obligación de propagandizarlo.

Es importante aclarar que la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia depende del Ministerio de Salud y Desarrollo de la Nación, cuyo titular es la licenciada Carolina Stanley, amiga del papa Francisco, lo cual no le impide avalar la promoción de políticas pro-aborto, como en este caso en particular, o destinar fondos públicos para la compra y distribución gratuita del fármaco abortivo Misoprostol 200, para las mujeres que simplemente aleguen, sin denuncia policial ni judicial, que el embarazo que están cursando es fruto de una violación.

Se trata de un caso único en la historia universal del Derecho: una persona -la madre- puede decidir y solicitar la aplicación de la pena de muerte a otra persona -su hijo-, por simple declaración administrativa y sin prueba ni denuncia alguna. Evidentemente, se trata de un esquema demencial e irracional, pero que tiene el aval de las organizaciones internacionales que promocionan el Imperialismo Internacional del Aborto en la Argentina y en el mundo.

A Dios gracias, existe por parte de laicos y políticos argentinos una resistencia frontal ante esta siniestra política a todas luces genocida, aplicada contra los seres humanos más inocentes e indefensos de todos, como son los niños por nacer. A nivel institucional, existe una resistencia frontal y sistemática por parte de iglesias y sectores evangélicos, mientras la jerarquía de la Iglesia Católica brilla por su ausencia y su silencio ante la promoción de este asesinato masivo, más preocupada por acompañar la agenda ambientalista de George Soros y de ejercitar una especie de papadolatría obsecuente que de defender y pastorear la grey de Cristo y la vida humana naciente, producto de la voluntad creadora de Dios. Públicamente, la jerarquía católica alza la voz para defender la creación divina ambiental, pero calla o se pronuncia en voz muy baja cuando debe defender la creación divina por excelencia, como es el ser humano.

Una vez más bien podría caberle a la jerarquía católica la admonición que recibe en el Apocalipsis la entonces Iglesia de Laodicea: “Yo sé todo lo que haces. Sé que no eres frío ni caliente. ¡Ojalá fueras frío o caliente! Pero como eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca” (Ap 3, 15-16).