Secreto de confesión: el Vaticano se pronuncia

En Francia, la presión sobre el secreto del sacramento de la confesión es cada vez más fuerte y la Iglesia francesa no parece particularmente unida y decidida en este punto.

El pasado 6 de octubre, el presidente de la Conferencia Episcopal Francesa, monseñor Éric de Moulins-Beaufort, declaró a France Info que “el secreto de confesión nos obliga, y en esto es más fuerte que las leyes de la República”. Esta respuesta no fue en absoluto del agrado del Palacio del Elíseo, donde el ministro del Interior, Gérald Darmanin, invitó bruscamente al presidente del CEF a un debate. Pero es probable que la externalización tampoco haya sentado bien a los obispos franceses, ya que el 12 de octubre, el CEF publicó un comunicado oficial “aclarando” las palabras de monseñor Moulins-Beaufort, precisando que, ese mismo día, el arzobispo de Reims se había dirigido al ministro del Interior para aclarar “la torpe redacción de su respuesta en France Info el pasado miércoles por la mañana [6 de octubre]”.

No está claro por qué es “torpe” afirmar el vínculo del sello sacramental y su superioridad a cualquier ley humana. Por el contrario, el comunicado del CEF prefigura de forma muy preocupante una “revisión” poco clara: “El objetivo del Estado es organizar la vida social y regular el orden público. Para nosotros, los cristianos, la fe apela a la conciencia de cada individuo, exige una búsqueda incesante del bien, que no puede alcanzarse sin respetar las leyes del propio Estado. La dimensión de la violencia y las agresiones sexuales contra los menores que ha sacado a la luz el informe CIASE exige a la Iglesia revisar su práctica a la luz de esta realidad. Por tanto, es necesario trabajar para conciliar la naturaleza de la confesión y la necesidad de proteger a los niños”.

Evidentemente, el CEF distingue poco entre leyes justas e injustas, entre leyes que respetan la libertad de la Iglesia y leyes que pretenden suprimirla, por lo que la deseada revisión de la práctica de la Iglesia es motivo de preocupación.

La posición de monseñor Moulins-Beaufort parece, pues, minoritaria en el seno del CEF. Sin embargo, el Penitenciario Mayor, el cardenal Mauro Piacenza, ha intervenido en apoyo de esta postura y ha concedido una interesante y oportuna entrevista a Acistampa. Tras reiterar la posición de la Iglesia católica en sus principales textos magisteriales, el cardenal ha recordado que el sacramento de la Penitencia, “siendo un acto de culto, no puede ni debe confundirse con una sesión psicológica o una forma de asesoramiento. Como acto sacramental, este sacramento debe ser protegido en nombre de la libertad religiosa y cualquier interferencia debe ser considerada ilegítima y perjudicial para los derechos de conciencia”.

El cardenal Piacenza aclara también que no hay analogía “entre el secreto sacramental y el secreto profesional al que están obligados, por ejemplo, los médicos, los farmacéuticos, los abogados, etc.”, porque “el secreto de confesión [...] no es una obligación impuesta desde fuera, sino una exigencia intrínseca del sacramento, y como tal no puede ser liberado ni siquiera por el propio penitente (cf. c. 1550 § 2, n.2 CIC; c. 1231 § 2, n.2 CCEO)”. Y vuelve a este aspecto fundamental: “Es imprescindible insistir en que no se pueden comparar el secreto de confesión con el secreto profesional para evitar que las legislaciones seculares apliquen derogaciones del secreto profesional por justa causa al secreto de confesión, que es inviolable”.

Al tiempo que señala que “existe ciertamente el deber de reparar una injusticia perpetrada y de comprometerse sinceramente a evitar que el abuso se repita”, el Penitenciario Mayor pone coto a la propuesta que se difunde de obligar al penitente, como conditio sine qua non para recibir la absolución sacramental, a que se autodenuncie: “Estos graves deberes ligados al camino de la conversión no implican la auto denuncia. Sin embargo, el confesor debe invitar al penitente a reflexionar más profundamente y a evaluar las consecuencias de sus actos, especialmente cuando se sospecha o se condena injustamente a otra persona".

La intervención de Piacenza reitera lo que la Penitenciaría Apostólica había expresado claramente en la Nota de 2019: “El secreto inviolable de la confesión procede directamente de la ley divina revelada y está enraizado en la naturaleza misma del sacramento, hasta el punto de no admitir ninguna excepción en el ámbito eclesial, y menos aún en el civil”. La Nota incluía una aclaración sobre la esencia del secreto sacramental, a saber, que no es la Iglesia la que lo establece, “en virtud de su propia autoridad”, sino que la Iglesia “’declara’ –es decir, reconoce como un hecho irreductible, que deriva precisamente de la santidad del sacramento instituido por Cristo- ‘que todo sacerdote que confiesa está obligado, bajo penas muy severas, a guardar absoluto secreto sobre los pecados que sus penitentes le han confesado’ (CIC 1467)”. Por tanto, ninguna autoridad en la tierra, ni siquiera el Papa, puede modificar la realidad sacramental en este aspecto esencial.

Mientras tanto, el Primer Ministro francés Jean Castex se reunió ayer con el Papa (ver aquí). De sus declaraciones se desprende que Francisco también ha blindado el sello sacramental (“La Iglesia no dará marcha atrás en el dogma del secreto de confesión”, ha dicho Castex, refiriéndose a la posición del Papa Francisco), pero dejando las puertas abiertas a una búsqueda no especificada de “vías y medios para conciliar éste con el derecho penal y el derecho de las víctimas. Es plenamente consciente de ello”.