“Libres, hasta que yo lo diga”: La “socialcracia” es un problema

En las democracias son las leyes las que garantizan y limitan las libertades. La comunidad internacional se inspira en declaraciones solemnes que reconocen los derechos inviolables del hombre, como la libertad de expresión, que es un requisito previo para el disfrute de muchos otros derechos de libertad.

En la red, por mucho tiempo celebrada como el reino de las verdaderas libertades, se están produciendo restricciones, limitaciones y censuras que a la larga corren el riesgo de contaminar fuertemente su carácter democrático.

El caso más llamativo ocurrió el 8 de enero, con la decisión de Twitter y Facebook de suspender los perfiles a través de los cuales el presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, interactuaba con sus seguidores. A partir de ahí, ha ocurrido una escalada de polémicas y reacciones que, independientemente del color político, han puesto en evidencia la ambigüedad del papel de las redes sociales en la dinámica de la libertad de expresión. ¿Son guardianes y censores de opiniones divergentes a las dominantes o son sujetos privados plenamente respetuosos de la libertad de expresión e interesados únicamente en las implicaciones comerciales y publicitarias del tráfico generado en sus plataformas?

El debate está solo al inicio, pero ya hubo algunas posiciones autorizadas que ayudarán a calentarlo no poco.

Todo comenzó con las declaraciones de algunos analistas que acusaron a Trump de haberse beneficiado, para su ascenso al poder, de las fake news transmitidas a través de las redes sociales. Además, algunos de sus oponentes han argumentado que el asalto de sus partidarios al Capitolio, en Washington, comenzó justo por esas noticias falsas.

Pero independientemente del color político, en Europa y en el resto del mundo, representantes autorizados del gobierno se han puesto del lado de Facebook, Twitter y otros gigantes de la web. Más aún después del reciente cierre de Parler, la plataforma social utilizada principalmente por los fanáticos de Trump y militantes de derecha. La red social terminó offline después de que fue prohibida por Apple, Google y Amazon.

El nudo de la cuestión es precisamente la entrega a sujetos privados de las claves de la libertad de expresión, que es la sal de las democracias. De ahí también la necesidad de un marco legal para las plataformas, en cuanto a las responsabilidades y la legalidad de determinadas conductas. Hay muchas esperanzas para la introducción de un control “imparcial” sobre el contenido, una especie de “authority” que puede delimitar el perímetro de los derechos de los usuarios, eliminando a los administradores de la plataforma cualquier tipo de vigilancia. Pero incluso esta hipótesis se presta a acusaciones de reglamentación de las opiniones.

Según el alto representante de la UE, Joseph Borrell, “es necesario regular mejor los contenidos de las redes sociales, respetando escrupulosamente la libertad de expresión, pero no es posible que esta regulación se implemente principalmente según normas y procedimientos establecidos por particulares”.

La canciller alemana, Angela Merkel, también se disocia de lo que las redes sociales han hecho contra Trump. “Es posible interferir en la libertad de expresión, pero dentro de los límites definidos por el legislador, y no por decisión de la dirección de una empresa - explicó su portavoz, Steffen Seibert en rueda de prensa -. Por eso, la canciller considera problemático que las cuentas del presidente estadounidense en las redes sociales hayan sido cerradas de forma definitiva”.

Incluso el Comisario europeo de Mercado Interior y Servicios, Thierry Breton, expresó su “perplejidad” por la decisión de las plataformas de desterrar al presidente estadounidense, Donald Trump, de las redes sociales “sin un control legítimo y democrático” y ha relanzado proyectos europeos para regular los gigantes de la web.

“El hecho de que un CEO pueda desconectar al altavoz del presidente de los Estados Unidos sin ningún control y equilibrio es desconcertante - dijo Breton-. No es solo una confirmación del poder de estas plataformas, sino que también muestra profundas debilidades en la forma en que nuestra sociedad se organiza en el espacio digital”.

El nudo de la responsabilidad legal de las plataformas está llegando a un punto crítico. Rechazan el papel de editores, pero luego no pueden ni deben censurar opiniones o cerrar cuentas basándose en una evaluación del contenido publicado por los usuarios. La ambigüedad debe resolverse, dado y considerando que el concepto de fake news, de incitación al odio y la violencia debe aplicarse de vez en cuando y por tanto no puede tomarse como parámetro objetivo para censurar una cuenta para siempre.

Si un sujeto privado, de carácter empresarial y comercial, carente por tanto de legitimidad democrática e investidura popular, interviene de forma directa en el goce de los derechos garantizados por los ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales, significa que hay que interrogarse seriamente sobre la naturaleza de la Red y las reglas necesarias para evitar otras pruebas de fuerza de parte de los gigantes de la web.

Es necesario introducir, mediante un sistema de frenos y contrapesos, un equilibrio virtuoso entre la libertad de empresa, la libertad de expresión y otros derechos humanos garantizados por los ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales. Además, la UE ya ha informado que tiene la intención de abordar cuanto antes la regulación legal de las redes sociales, equilibrando las necesidades y las expectativas de todos, evitando la anarquía, pero también la censura antidemocrática.